La elaboración del dictamen fue promovida por el mismo Congreso guerrénse, al asegurar el pasado 15 de mayo (primera fecha en la que estaba prevista la votación) que “necesitaba más información”. A estas reuniones informativas acudieron representantes de grupos civiles, académicas y expertas en salud sexual y reproductiva, entre las que destacan la directora de Ipas-México, Raffaela Schiavon, quien dijo a las y los legisladores que una de las principales causas de muerte materna (MM) en la entidad es el aborto inseguro.
También acudió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, quien (de acuerdo con la información difundida por el Congreso local) aclaró a las comisiones legislativas que “la discusión no es despenalizar el aborto, sino detener la criminalización que sufren las mujeres que por alguna u otra razón se ven en la obligación o la necesidad de recurrir a esa práctica”.
La iniciativa contó también con el respaldo de la Secretaría de la Mujer (Semujer) y del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, al considerar que lo que se protegía era la salud de las mujeres, pues se buscaba brindarles mejores condiciones de salud y de ninguna manera se promovía el aborto como un método anticonceptivo.
Es importante destacar la fuerte campaña de apoyo y movilizaciones realizadas para promover la iniciativa de despenalización del aborto. Así, más de 180 personas del ámbito académico y de la defensa de los Derechos Humanos (DH), entre ellas la doctora y académica de la UNAM, Araceli Mingo Caballero, y la ex diputada federal Adriana Luna Parra, pidieron al Congreso guerrerense “una actitud congruente con sus propios y declarados postulados políticos”, pues en ellos afirman estar y trabajar a favor de la igualdad, las libertades, los derechos y las garantías de la población. En dicha carta se afirma que es inaceptable “atribuir a la mujer la responsabilidad única de evitar el embarazo y en cambio negarle el derecho a decidir sobre su maternidad”.
También enfatizan que en el escrito que en materia de libertad y derechos, no deberían existir discriminaciones, ya que la prohibición penal del aborto “es un acto de desigualdad, de segregación, prohibido en las leyes internacionales de Derechos Humanos”. Además recuerdan que el Estado laico es una conquista histórica, por lo que las decisiones de las autoridades deben darse al margen de cuestiones religiosas.
El estado de Guerrero ocupa el primer lugar nacional en índice de muerte materna (MM). Para 2012, la razón de muerte materna (RMM) fue de 75.9 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que la RMM a nivel nacional fue de 42.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos.
Resaltan también que a raíz de la despenalización del aborto en el DF se ha “logrado que esta práctica deje de ser clandestina”, y se “ha abatido la mortalidad y morbilidad de mujeres, a quienes se les practicaba el aborto en condiciones inseguras”.
El dictamen negativo podría ser votado en la próxima sesión del Congreso tentativamente el lunes 16 de junio. Ahí, las y los diputados podrían votar en contra del dictamen y proceder a que se despenalice el aborto.