Aborto en Mexico
El secretario de Gobierno, Jorge Messenguer, declaró que “no se va a criminalizar a ninguna mujer que por razones diversas haya sufrido un aborto”, “no se las mandará a la cárcel y se va a propiciar que se respete el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus ideas”. De cumplirse estas intenciones, Morelos se convertirá en el segundo Estado de México que permite el aborto sin tener que alegar una causa. Lo que supondría un paso importante en materia de derechos sexuales y reproductivos en un país donde apenas 1 de cada 60 abortos que se realizan son seguros.
La situación de México con respecto al aborto es dramática, cada año se practican más de un millos de abortos, la inmensa mayoría de forma insegura. Según la directora de Ipas México, organización que trata de evitar muertes por abortos clandestinos, los abortos inseguros en México constituyen el 11% de las muertes maternas. Cada año se producen unas 100 muertes por intervenciones clandestinas e inseguras por aborto. Según esta organización “existe una relación inversa entre el riesgo de morir por aborto y la tasa de hospitalización por aborto. Donde se hospitalizan más mujeres, menos riesgos hay de morir, lo que significa que allí donde hay barreras para acceder a los servicios de salud, las mujeres corren mayor peligro”. Además explican que desde la aprobación del aborto en DF en 2007, se han producido unos 100.000 abortos sin que se registre ningún fallecimiento lo que significa “que el aborto legal es una práctica muy segura”.
La situación en el D.F. es excepción, a pesar de que el pasado abril las autoridades ofrecieran el dato de un 0% de abortos clandestinos en el D.F. Cando se cumplían seis años del cambio legislativo que permitía el acceso al aborto para las mujeres que así lo requirieran. En el resto del país sin embargo, la situación es muy diferente ya que las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo no deseado lo tienen muy difícil para hacerlo en condiciones seguras, ni siquiera en el único supuesto que está permitido por ley como es el caso de la violación.
Ni siquiera en este supuesto, único en el que se reconoce el derecho a abortar en todo el país, el acceso a la interrupción de embarazo de la mujer está garantizado, muy al contrario se ponen muchísimas trabas. En un país en el que se registran 131.400 casos anuales de abuso sexual, en los últimos cinco años se han emitido tan solo 39 autorizaciones de aborto por violación en todo el país, de los cuales 30 han sido emitidas por el Distrito Federal y tan sólo 9 en el resto de Estados.
Según la doctora Joaquina Erviti, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, un contexto penal muy restrictivo provoca que las mujeres no demanden el aborto sino que busquen otras estrategias, como presentar el aborto como espontáneo y así no ser culpabilizadas ni criminalizadas. Esta situación se vive en la mayoría de Estados del país donde se han reformulado hasta 16 códigos penales para restringir el acceso al aborto legal, lo que ha provocado un aumento de las denuncias realizadas por los servicios de salud contra las mujeres que abortan.
Actualmente, según datos de las secretarías de seguridad locales de GIRE, existen 41 personas en prisión preventiva por delito de aborto desde 2007. Entre 2009 y 2011 un total de 679 mujeres fueron denunciadas por tentativa de aborto. Según el estudio de GIRE, las mujeres pobres, con menor acceso a la educación e indígenas tienen nueve veces más probabilidades de abortos inseguras que aquellas mujeres que tienen posibilidades económicas, ya que estas mujeres que pueden costeárselo optan por acudir al Distrito Federal para poder realizarse el aborto.
