Después de legalizar la interrupción legal del embarazo en Yucatán, las solicitudes de apoyo para abortar han aumentado. Pero junto al aumento de la demanda, también se ha intensificado el hostigamiento.
A diferencia entre quienes defienden los derechos reproductivos y quienes se oponen radica en la violencia con la que actúan algunas personas.
El odio y el hostigamiento de los antiderechos cruzan los límites del marco legal, y se ha pedido protección para las organizaciones que están apoyando el acceso al aborto.
Condenamos enérgicamente los actos de violencia política de género dirigidos contra legisladoras, equipos técnicos, activistas y organizaciones involucradas en el proceso.
El proceso de la nueva ley se concluirá cuando se publique en el Diario Oficial del Estado, para que formalmente entre en vigor.
También está pendiente la aprobación de una Ley Estatal de Salud con perspectiva de derechos humanos y la reforma constitucional que garantice de forma integral el derecho a decidir.
