Aborto clandestino en Argentina
“En 30 años de Democracia, más de 3.000 mujeres han perdido la vida en Argentina tras ser intervenidas para practicar abortos clandestinos”. Es uno de los principales mensajes de la Declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito -que agrupa a 289 organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos-, un manifiesto difundido el pasado mes de julio por todo el país con el fin de lograr “la sanción inmediata de una ley que despenalice el aborto en Argentina”.
El documento aporta además otra cifra: más de 450.000 mujeres argentinas recurren cada año al aborto clandestino en el país, “lo que demuestra que la penalización no impide su práctica”. De hecho, según este manifiesto cada año mueren 100 argentinas por prácticas de abortos ilegales y, por tanto, inseguros, la mayoría de las cuales son jóvenes y de escasos recursos económicos.
Es más, “la principal causa de muertes de mujeres gestantes en Argentina es el aborto”, aporta el documento, “desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino, lo que quiere decir que en casi treinta años de democracia interrumpida esta cifra no se ha modificado”.
En cuestión de presupuesto, la Declaración da a conocer que las prácticas abortivas suponen al país alrededor de 1.000 millones de pesos anuales (unos 190.000 euros), un coste notoriamente inferior a los 35 millones (6,5 millones de euros) con los que contó durante 2009 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Resulta un tanto paradójico cuando la sociedad argentina reclama la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo constata un sondeo de la consultora Ibarómetro, presente en la citada Declaración, de la que se extrae que prácticamente seis de cada diez argentinos no está de acuerdo con que sea una práctica ilegal; un porcentaje que se eleva a siete de cada diez ciudadanos del área metropolitana. Asimismo, un 58,5% de los encuestados considera que las mujeres tienen el derecho a interrumpir su embarazo conforme a sus necesidades y convicciones personales.
En definitiva, los firmantes de esta Declaración instan a las autoridades a resolver de forma “urgente el grave problema de salud pública que significa la ilegalidad del aborto” a la que tildan de “deuda interna enorme”. Y se muestran contundentes cuando relatan sus metas: “quienes reclamamos aborto legal, seguro y gratuito, partimos de una consideración integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Parece que esta campaña pro abortos legales dio sus frutos meses más tarde. El 30 de noviembre de 2010 el aborto protagonizó la Comisión de Legislación Penal en el país. Una jornada que califican de “histórica y sin precedentes” en el debate parlamentario argentino y que fue canal para transmitir ideas como que la ilegalidad del aborto no disminuye la práctica, sino que aumenta los riesgos para las mujeres con graves efectos para su salud o que es una limitación al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la calidad democrática. Sin duda un paso importante en el camino para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina.
