El Congreso de Coahuila decidió el 26 de octubre mantener la penalización del aborto voluntario tras la propuesta presentada el pasado 19 de septiembre. En realidad, se mantienen los antiguos causales despenalizados en Coahuila pero se dificulta la interrupción legal del embarazo en caso de violación.
Así, la ILE solo se podrá realizar cuando la vida de la mujer corra peligro, si el feto tiene malformación genética o si el embarazo es producto de una violación denunciada y verificada. Todos los causales dentro de las 12 primeras semanas de gestación. De otra manera, la conducta de la madre y profesionales que intervinieran se contemplará como delito.
Serán las personas que intervienen en el proceso médico (profesionales de la salud) quienes deberán notificar al Ministerio Público el procedimiento de aborto para que se investigue. A partir de ahí, se abrirá una investigación para decidir si se avala o no el aborto por violación, causal anteriormente ya permitido (y que se mantiene).
Recordemos que la NOM046, una norma federal, permite el aborto por violación sin este tipo de trámite.
Dicho procedimiento supone dudar del testimonio de la mujer, revictimizarla y alargar el proceso (lo que podría suponer no entrar dentro de las 12 semanas legales para el aborto).
Además, dificultará que profesionales y víctimas de violencia sexual quieran realizar la interrupción del embarazo.
Varias asociaciones feministas se han pronunciado en contra de esta decisión en una rueda de prensa el miércoles 8 de noviembre
Organizaciones de La Laguna consideran la medida como un retroceso. MUGEC (Mujeres Generando Cambios), el Grupo de Aliadas por el Derecho a Decidir y Acompañantes Laguna apuntaron que los obstáculos para el aborto responden a “los prejuicios y a la moralidad y no a un análisis real de lo que la sociedad coahuilense necesita”. Para ellas, no se hace desde una perspectiva científica, ni servirá para disuadir a las mujeres sino para ponerlas en riesgo. Manifestaron, además que la interrupción del embarazo es un tema de “derechos humanos, justicia social, salud pública y autodeterminación”.
Valeria López Luévanos, perteneciente a Aliadas por el Derecho a Decidir, señaló que el aborto sigue siendo considerado desde el estigma y los estereotipos, no como un derecho. En su opinión, si continúan falleciendo mujeres por abortos inseguros, habrá que recurrir a tratados internacionales para garantizar una visión más laica, ya que el gobierno está fallando.
