Refoma ley del aborto
Desde el ingreso de España en la Unión Europea esta ha sido un referente en muchos aspectos relacionados con políticas públicas, democracia y derechos en nuestro país. En relación a los derechos en la mayoría de la Unión Europea el aborto lo es, por lo menos en las primeras semanas de gestación de la mujer. Los países más grandes e influyentes como Francia, Italia o Alemania tienen una ley de plazos, el Reino Unido tiene una ley de supuestos pero en la práctica es una ley de plazos. En todos estos países gobierne derecha o izquierda, la mujer puede decidir interrumpir un embarazo de forma legal y segura al menos en un determinado plazo de gestación. Sin embargo en España, esto no sucede así. La derecha española más ultracatólica y fundamentalista nunca ha visto el aborto como un derecho sino todo lo contrario, es un delito, un asesinato. Ante tales posturas radicales no hay posible consenso con este sector cuya máxima es “aborto cero” como si prohibiéndolo este dejara de existir.
El Partido Popular se opuso a la ley de 85, se opuso a la ley de 2010 y se opondrá a cualquier legislación que trate a las mujeres como personas autónomas, responsables y con el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus vidas. Así lo han manifestado a lo largo de la historia democrática de este país.
En unos momentos en que Europa mira a España por la situación económica de crisis que vivimos, la pérdida de derechos, el impacto de la pobreza, etc. La reforma de la ley de aborto en España ha sido seguida con gran expectación por parte de la prensa europea que con titulares y artículos varios destacan el retroceso que supone la norma dirigida a contentar al sector más ultra conservador del partido popular.
Así, el editorial del diario británico “The Times” fue durísimo ante el anuncio de la reforma y acusó al gobierno español de “abuso de poder” por recoger en esta ley el pensamiento de una minoría de la población española. Este diario que se sitúa en el centro derecha de la representación política británica sostenía en dicho editorial que “aunque el Gobierno manifiesta que ninguna mujer será procesada por haber abortado, esa línea de defensa es débil. Los médicos se arriesgan a ser procesados y se enfrentan hasta tres años de cárcel por realizar abortos considerados ilegales” concluye el editorial afirmando que “llevar al rango penal una cuestión que afecta a la salud de las mujeres y que es una cuestión de conciencia es un abuso del poder del Gobierno. Una sociedad constitucional no se inmiscuye en zonas de criterio personal que la mayoría de los ciudadanos consideran que se tienen que decidir dentro de las familias. La ingeniería social es una práctica de los gobiernos autocráticos. Los amigos y aliados de España en Europa deberían convencer al señor Rajoy de que se lo vuelva a pensar”.
En relación a la prensa Francesa, se ha retratado la reforma del aborto de un paso atrás y una vuelta al pasado. Le Monde, habla que la reforma es una concesión al ala dura del Partido popular y a la jerarquía católica.
En Francia, la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno Francés ha considerado “un retroceso” la reforma de ley de aborto manifestando su gran preocupación por la misma. Según Najat Vllaud-Belkacen “Es terrible ver que un país como España, que en estos últimos años se ha convertido en una referencia para quienes luchan contra la violencia contra las mujeres vaya a disponerse a conocer un retroceso en materia de derecho a disponer del cuerpo propio”. La Ministra también informó que el pasado viernes envió una carta a su homólogo español para mostrarle su “honda inquietud” por esta reforma.
En Alemania, los grandes diarios han pasado de puntillas sobre el proyecto de reforma del aborto pero en general hablan que supone un paso atrás y una restricción de la libertad que algunos medios califican de incomprensible.
Por último en Italia, los titulares hablan de una vuelta al pasado, de un “frenazo de España”. También señala algún medio que resulta incomprensible que la reforma del aborto sea un tema llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y no por el Ministerio de Sanidad.
