Aborto en el mundo
La mayoría de países situados en el hemisferio Norte (salvo excepciones como Australia) se guían por un modelo de supuestos y/o libre decisión de la mujer en las primeras semanas de embarazo. Modelo que trata el aborto como una práctica médica y por tanto bajo principios internacionales del derecho a la salud reproductiva. En el otro lado, en el hemisferio Sur, cerca del 40% de la población mundial vive en países con marcos normativos muy restrictivos que prohíben el aborto o sólo está permitido en determinado y estrictos supuestos como por ejemplo salvar la vida de la mujer. Este modelo se aleja por tanto de considerar el aborto como una práctica médica para ser considerado delito y por tanto castigado y penado por ley.
Este es el caso de la mayor parte de África, América Latina, Oriente Próximo o Asia meridional, según el informe sobre el acceso a esta prestación sanitaria elaborado por la ONU en 2013. En el caso de España, si la reforma de la ley de aborto es aprobada se pasaría de estar en la misma situación que la mayoría de países del entorno Europeo donde el aborto entra dentro del ámbito sanitario, y por tanto con garantías en su acceso y práctica. A engrosar la lista de países donde el aborto es un delito, salvo en determinadas circunstancias muy estrictas y por tanto castigadas por ley.
A nivel mundial, y con algunas excepciones, los Estados han ido liberalizando sus marcos normativos sobre acceso al aborto desde mediados del siglo XX. En este sentido España sería el único país europeo que involucionaría si se aprueba la reforma planteada por el actual gobierno conservador. Situándose junto a los países con las peores leyes de acceso a la interrupción del embarazo.
Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las leyes más restrictivas no logran atajar las tasas de aborto. Solo contribuyen a aumentar los abortos inseguros que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Según la OMS, unas 47.000 mujeres murieron en 2008 (último año con estimaciones generales) en el mundo a consecuencia de intervenciones clandestinas o poco seguras. Una realidad que supone un grave problema de salud pública en el África Subsahariana y América Latina, según la ONU.
Para seguir las recomendaciones internacionales al respecto del derecho a la salud sexual y reproductiva, algunos países de América latina han variado su posición, aunque con matices respecto al aborto, existiendo una gran disparidad de situaciones. Por ejemplo, en países como Haití, Guatemala, Surinam y Honduras, el aborto se permite solo para salvar la vida de la mujer, aunque es más teórico que práctico ya que en realidad el acceso al aborto es casi imposible por las trabas burocráticas que hay que sortear.
En Chile, El Salvador, Nicaragua y Republica Dominicana el aborto está prohibido. En México existe también disparidad de situaciones según los Estados, mientras en el Distrito Federal está permitido dentro de las primeras 12 semanas, en el resto de los Estados del país el acceso al aborto sólo está permitido bajo determinados supuestos también muy restrictivos, que hacen que en la práctica sea muy difícil el acceso.
Por otro lado Colombia aprobó, hace unos años, una ley que permite la interrupción del embarazo en tres supuestos (riesgo para la salud de la mujer, violación, o anomalías fetales) y Argentina aceptó en su legislación la interrupción del embarazo en casos de violación.
En otros países como El Salvador y Nicaragua, el acceso al aborto se ha endurecido en las últimas décadas y está prohibido en cualquier circunstancia, con duras penas contra niñas y mujeres que deciden abortar.
