Aborto en Mexico
De cuatro meses a seis años de prisión por abortar en Mexico. Esas son las penas que muchas mujeres tienen que cumplir en México por interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Esta y otras conclusiones se extraen de un informe realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) al que ha tenido acceso el diario El País.
En México, sólo uno de cada 60 abortos es legal. Se trata de un país donde el aborto solamente está permitido en la capital y en el que sin embargo se registran más de un millón de interrupciones libres de embarazo cada año.
Además de estos datos, el informe revela que la mayoría de las mujeres que son sometidas a un proceso penal por aborto en Mexico son personas “con muy pocos recursos económicos y de información, denunciadas por personal hospitalario, presionadas por los médicos y la policía al hacer confesiones y maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y de las procuradurías”, tal y como recoge El País.
Por ello, existe una “criminalización de las mujeres por el supuesto delito de aborto” de la que cada vez más gente es consciente, llegando incluso a la presidencia del Gobierno cuando el actual presidente, Enrique Peña Nieto, ganó las elecciones y declaró: “Yo estoy a favor de la vida. Pero eso sí, también estoy en contra de que se criminalice a las mujeres sólo por el hecho de que decidieron interrumpir sus embarazos”, publica El País.
Prisión preventiva por aborto
Según los datos registrados por las secretarías de seguridad locales GIRE, al menos hay 40 casos de personas en prisión preventiva por delito de aborto en Mexico en los últimos cinco años. Asimismo, cerca de 700 mujeres han sido denunciadas entre 2009 y 2011 por tentativa de aborto en varios estados mexicanos que aprobaron reformas constitucionales para proteger la vida desde la concepción.
Las penas oscilan entre 15 días y seis años, según los estados, y en algunos de ellos la mujer puede seguir el proceso penal en libertad si paga una fianza y tiene recursos para ello.
En este punto es donde cabe preguntarse si las mujeres con menos recursos, menos educación e indígenas tienen las mismas probabilidades de poder interrumpir de forma libre su embarazo que aquellas otras mujeres con más posibilidades económicas, que han recibido más educación y no pertenecen a una etnia indígena.
