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Acuerdos alcanzados en el consenso de Montevideo

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Impulsado por la participación activa de las ONGs y Redes Feministas, de jóvenes y mujeres afro-descendientes e indígenas, entre otras, que acompañaron el proceso, aportaron datos y propuestas a sus Estados, enriqueciendo el texto final.

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El 15 de agosto de 2013, finalizo en Montevideo (Uruguay) la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por CEPAL y el Gobierno de Uruguay. En ella participaron representantes de los 38 países miembros y asociados, además de 24 organismos internacionales y más de 260 ONGs.

El motivo de esta conferencia era analizar los progresos alcanzados en América latina y el Caribe en los últimos 20 años, respecto al Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Naciones Unidas (Cairo, 1994) con el objetivo de seguir avanzando en su implementación.

La importancia de esta Conferencia Regional es el logro que supone el Consenso alcanzado por los países convocados, plasmado en un documento llamado CONSENSO DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO, en el que no sólo se ratifican los principales compromisos y acuerdos internacionales del Programa de Acción del Cairo, sino que se plantean otras medidas y acciones prioritarias a tomar en cuenta por los Estados, para darle cumplimiento.

Entre los temas acordados como prioritarios, las medidas aprobadas y los compromisos adquiridos, destacamos algunas de gran relevancia para el futuro de la región.

Los Derechos, necesidades y demandas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Los países acordaron, entre otras medidas, garantizar a todos estos grupos las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, sin ningún tipo de discriminación. También se acordó invertir más en juventud, especialmente en educación pública, así como implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales y dar prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro.

El acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva

Los países se comprometen a promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva.

Además se insta a los gobiernos a revisar la legislación las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales

Eliminar las causas previsibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de reducción de riesgo y daños.

Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos

Al término de la conferencia, los países señalaron la intención que estos acuerdos alcanzados se eleven como una contribución de América Latina y el Caribe, a las reuniones de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas así como a su Asamblea General, que se celebrarán el Nueva York en abril y Septiembre de 2014.

 
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