Aborto en Uruguay
El tema del aborto en Uruguay sigue dividiendo a los uruguayos en un país en el que se practican cerca de 30.000 abortos clandestinos al año. Tras años de historia con avances y retrocesos en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el pasado 3 de diciembre se aprobó la nueva ley, considerada como un logro histórico por sus defensores, pero que también ha levantado ampollas entre sus detractores.
Esta nueva ley no penaliza el aborto en Uruguay siempre que la mujer cumpla con un procedimiento. Es decir, las mujeres uruguayas que quieran abortar bajo esta ley deberán ir al médico, expresar su deseo de interrumpir su embarazo y entonces el profesional enviará a las pacientes ante un comité de ginecólogos, psicólogos y trabajadores sociales para que les informen de todas las opciones que tienen: riesgos, alternativas, programas de apoyo a la maternidad y adopción. A partir de ese momento, cuentan con un período estimado de cinco días para tomar su decisión.
Otro de los puntos más destacados de la nueva ley es el concepto de “objeción de conciencia” mediante el cual las instituciones que no quieran realizar las intervenciones deberán exponer sus argumentos.
Defensores y detractores
Una vez aprobada la ley de despenalización del aborto en Uruguay por el Parlamento y promulgada por el presidente José Mujica, se inició un movimiento de oposición a esta media para derogarla mediante un plebiscito.
El mismo Mujica ha manifestado que el tema es tan delicado que “debe resolverlo el voto de la gente” y que siempre estuvo de acuerdo “en que se vote, toda esta decisión debió estar en manos del pueblo y no del Parlamento”, publica Prensa Latina.
A día de hoy, distintos sectores se movilizan para derogar esta nueva ley. En su camino, deberán registrar más de 52.000 firmas en apenas cinco meses. El segundo paso será que la Corte Electoral convoque una consulta que al menos uno de cada cuatro votantes (alrededor de 600.000 personas) se exprese a favor de un referéndum.
