El Congreso de Guanajuato, rechazó despenalizar el aborto. Tuvo 19 votos a favor de seguir penalizando a las mujeres y 17 en contra.
De abril de 2007 al 30 de junio del año pasado, 560 guanajuatenses viajaron a la Ciudad de México para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo en los servicios de salud públicos, reflejo de una política pública que excluye y castiga a quienes no pueden desplazarse.
Además, en lo que va de este año, 4 mil 257 niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años han sido madres, de ellas 122 tenían entre 10 y 14 años, lo que evidencia graves fallas del estado para prevenir y atender embarazos posiblemente vinculados con violencia sexual.
La votación legislativa infringe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual estableció que la criminalización del aborto es inconstitucional y que el acceso a la interrupción del embarazo segura debe garantizarse como parte del derecho a la salud.
También contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que desde 2022 ha llamado a eliminar todos los obstáculos normativos innecesarios –como la penalización– que impiden acceder a este servicio.
