Educación sexual México
Existe una correlación directa entre una falta de políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva hacia las mujeres, especialmente las jóvenes, y un incremento del número de embarazos entre adolescentes. Esta falta de educación sexual basada en derechos, condiciona de una forma brutal la vida y el futuro de estas chicas y por lo tanto también el futuro de la sociedad mexicana pues lo que provoca en muchas de las ocasiones, este incremento de los embarazos en adolescentes, es un estancamiento o retraso educativo en su itinerario vital, así como mayor exclusión y pobreza, situaciones que no son atendidas desde los responsables políticos.
La juventud vive una realidad en la cual las relaciones sexuales entre adolescentes es una práctica común y es esta realidad la que debemos aceptar ya que los y las jóvenes son personas que tienen y deben ejercer su sexualidad, sin coacciones por parte de las corrientes más conservadoras y ultracatólicas que les niegan el derecho a una sexualidad libre y sana. Sin embargo, este derecho a una sexualidad libre debe ir acompañado por el deber de los Gobiernos de atenderla, ofreciendo información veraz, orientación, prevención, métodos anticonceptivos y en definitiva, poniendo en práctica políticas públicas en base a los derechos sexuales y reproductivos que ofrezcan información para la toma de decisiones informadas y tengan elementos para prevenir situaciones de riesgo .
Es necesario visibilizar de forma específica la realidad y problemática que vive la población adolescente como por ejemplo, las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos de forma gratuita que ayuden a prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados, las dificultades existentes en el acceso al aborto, la nula educación sexual en las escuelas, etc. No atender estas necesidades supone invisibilizar la problemática que vive la mayoría de la población de México. Según datos de Inegi, en México más de la mitad de la población es joven, el registro de 2010 nos habla de cerca de 30 millones de personas entre los 15 y 19 años, la mayoría mujeres.
Estas cifras evidencian la necesidad urgente de implantar políticas públicas reales y eficaces que trabajen en garantizar y proteger el pleno acceso de la población, especialmente las mujeres, a sus derechos sexuales y reproductivos.
