La diputada Norma Edith Martínez Guzmán del Partido Encuentro Social (PES), con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha presentado una iniciativa para ampliar la objeción de conciencia. El objetivo es reformar la Ley General de Salud para que dicha objeción también sea aplicada al personal de apoyo y administrativo que presta servicios de salud. Esta propuesta se publicó el 27 de septiembre en la gaceta parlamentaria.
El pleno del Congreso debe someter a votación la modificación de artículo 10 bis de la ley y dictamen, que regresaría a la comisión de salud, tras lo cual (de aprobarse), vendría el desarrollo normativo. La votación estaba prevista para esta misma semana.
La principal preocupación es que se utilice de forma mal entendida la objeción de conciencia para negarse a prestar derechos básicos, como la interrupción legal del embarazo, por motivos religiosos. Así, el personal del Sistema Nacional de Salud podría ampararse en la norma reformada para no involucrarse en ningún, “programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que contravenga su libertad de conciencia”. Podrían alegar criterios relacionados con la moral, la ética y los valores propios para funciones relacionadas con el aborto y los anticonceptivos, ya fuera de carácter técnico u administrativo.
El proyecto indica que la objeción de conciencia también podría aplicarse a situaciones pasadas, es “ilimitada” mientras no se ponga en riesgo la salud de la persona.
El propio artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la libertad de conciencia trata los límites de ésta, restringida por ley cuando es necesario proteger, entre otros, “la salud o los derechos y libertades fundamentales de los demás”. ¿Podría el personal negarse entonces a practicar abortos cuando la vida de la mujer estuviera en peligro o cuando ellas están ejerciendo sus derechos y libertades? ¿Deberían aparecer en un registro de objetores indicando en qué causal objetan, como se hace en otros países? ¿O, directamente, el centro no debería contratar a personal objetor para garantizar la prestación del servicio? Es importante saber que (en caso de salir adelante la reforma) la Secretaría de Salud debe disponer –por ley- de otras personas que cubran la atención.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) advierte que aquellos países que se amparan en la objeción de conciencia sistemáticamente para negarse a garantizar servicios de salud sexual y reproductiva aumentan el número de abortos inseguros y clandestinos.
La diputada de Encuentro Social (partido que también está en contra del matrimonio igualitario) debe recordar que el personal de salud ya tiene recogido su derecho a la objeción de conciencia en los artículos 5, 6 y 24 de la Constitución (quedando cubierta la objeción en cualquier profesión siempre que no perjudique a terceros).
La Campaña Nacional por el Derecho a Decidir -de la que forman parte, entre otras entidades, GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) Ipas México y Ddeser (Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos)- se oponen a la iniciativa de reforma. Argumentan que la modificación sería una excusa para que se impidiera el derecho a decidir de las mujeres. Y no solo en materia de interrupción legal del embarazo, también podría usarse para obstaculizar el acceso a métodos anticonceptivos o a la pastilla del día siguiente (que, pese a no serlo, los sectores conservadores consideran abortiva).
