Durante 2017, 479 mujeres han sido criminalizadas en México por haber tenido un aborto. Según datos del nuevo registro de datos de SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), esa es la cifra de mexicanas que fueron investigadas el pasado año por delito de aborto.
El pasado diciembre SEGOB (la Secretaría de Gobernación) reportó que el nuevo método para registrar y clasificar los incidentes delictivos incluía tipificaciones como el aborto, la trata de personas, el feminicidio y la violencia doméstica. Los delitos de feminicidio no se divulgarán hasta el 20 de enero.
En el caso de la interrupción del embarazo, es la primera vez que el SESNSP comienza a registrarlo, de enero a noviembre de 2017. El estado con mayor número de investigaciones abiertas fue la Ciudad de México. En esta entidad las carpetas investigadas sumaron un total de 74 mujeres acusadas de practicarse o habérseles realizado un aborto.
La segunda entidad es Baja California con un total de 72 casos, un 15% de las investigaciones iniciadas. En el Estado de México 38 mujeres fueron acusadas de interrumpir el embarzo. Le sigue Tamaulipas con 30 casos, Nuevo León con 29, Jalisco y Guanajuato con 27 y Veracruz con 20.
Llama poderosamente la atención los términos en los que se refieren al derecho a decidir de las mujeres. En algunos casos incluso ha podido tratarse de un aborto espontáneo. La interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres. Otra circunstancia es que se haya realizado contra su voluntad. Recordemos que en todo el país es legal la práctica del aborto en caso de violación gracias a la NOM046, que en Ciudad de México no hay que alegar ningún supuesto hasta las 12 semanas y que en la mayoría de las entidades tienen despenalizados los supuestos de riesgo para la vida de la madre y malformación fetal. Entonces, ¿por qué está persecución de las mujeres en esos términos?
Cabe destacar el retroceso que supone que en los datos del Secretariado la entidad más investigada sea la capital, lugar donde el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas.
El país tiene causales diferentes según cada entidad, por lo que la CEDAW (Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) instó a México a armonizar las leyes de todos los estados en materia de interrupción legal del embarazo en 2012.
Este mismo Comité dictaminó que era imprescindible eliminar los obstáculos legales que las mujeres tenían que superar ante un embarazo no deseado, ya que si no se verían obligadas a enfrentar abortos inseguros y clandestinos, corriendo peligro de muerte materna.
Por otro lado, son muchas las entidades y centros médicos que se niegan a aplicar correctamente la NOM046, no facilitando el aborto o la anticoncepción de emergencia en caso de violación o exigiendo una denuncia que no es necesaria, dudando de que las mujeres hayan sufrido agresiones sexuales.
