Aborto El Salvador
El caso de Beatriz ha conmocionado a medio mundo. A sus 22 años, y embarazada de 25 semanas, padece una enfermedad que debilita el sistema inmunológico e insuficiencia renal grave, además el feto padece anencefalia, es decir, que carece de parte del cerebro. Ambas circunstancias agravan el embarazo cada día que pasa.
A pesar de esta situación, el Tribunal Constitucional de El Salvador ha negado a la joven la posibilidad de practicarle un aborto. Y es que en ese país, la interrupción voluntaria de embarazo está prohibida en cualquier supuesto y puede conllevar penas de hasta 50 años de cárcel para las mujeres que se someten a ella y de 12 años para los médicos que realizas las intervenciones.
Ante esta decisión, la Corte Interamericana ha exigido al Gobierno que ampare a Beatriz y que inicien “de manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas” para que los facultativos puedan “evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud” de la joven.
Un hecho histórico
Se trata de la primera vez en la historia que este órgano judicial se pronuncia sobre un caso de aborto. De hecho, desde el Ministerio de Salud de El Salvador ya se han pronunciado e insisten en que “vamos a preservar la vida de esta mujer”, en declaraciones al diario El País.
La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, ha explicado que en El Salvador no es posible practicar abortos porque se consideran contrarios a su Carta Magna, pero cuando la salud de la mujer está en peligro, sí sería posible inducirle un parto.
En situación de peligro
No obstante, el Constitucional de El Salvador se mantiene en la posición de que Beatriz está “estable”, que debe ser monitorizada y que en el caso de que se produjese alguna complicación, los médicos podrían realizar “las actuaciones que correspondieran desde el punto de vista médico”.
De ahí que las autoridades sanitarias hayan anunciado que pueden actuar y ofrecerle una solución a la joven “sin contravenir la Constitución”. La ministra de Salud explica, por tanto, que “si se presenta la necesidad de interrumpir el embarazo eso no sería un aborto, sino un parto inducido. De manera que ni la mujer ni los facultativos tendrían consecuencias legales”.
Una cesárea como solución
Tras unos días, la joven ha asegurado en una entrevista a AFP que finalmente será sometida a una cesárea, concretamente en la semana 26 de gestación. En esa entrevista telefónica, Beatriz afirmó querer la cesárea “primero por mi salud y porque no va a vivir el niño”.
Madre de un niño de un año, aseguró que después de la intervención sólo quiere ver a su hijo: “Me van a tener unos días aquí para ver cómo reacciono, después me van a dar el alta y me voy a casa para estar con mi hijo, que me ha hecho mucha falta”, expresó la joven.
